transmitir know how franquicia

FALTA DE COMUNICACIÓN DEL KNOW HOW

FECHA: 11 DE JULIO DE 2016

TRIBUNAL: AUDIENCIA PROVINCIAL DE MURCIA

SECTOR: SERVICIOS FINANCIEROS

Se estima el incumplimiento de la franquiciadora AHORRALIA por incumplimiento de su obligación de comunicar el know how o método operativo. Se desestima la devolución del canon de entrada por haberlo acordado así las partes por contrato.

El franquiciado solicita la resolución del contrato de franquicia suscrito con AHORRALIA SERVICIOS INTEGRADOS por no haberle facilitado los conocimientos precisos para comercializar los servicios que propugnaba. Solicita igualmente la devolución del canon de entrada.

Se estima que efectivamente AHORRALIA ha incurrido en un incumplimiento esencial del contrato al no haber acreditado, como le correspondía, el cumplimiento de su obligación de entregar el método operativo original, el sistema operativo de franquicia o el método específico, sin que sea suficiente la entrega del catálogo de producto o el dossier o la posibilidad de acceso a intranet.

En este sentido, se considera insuficiente que el franquiciado haya podido asistir a algún curso previo de formación, pues no le ha permitido aprovechar en debida forma los conocimientos y el asesoramiento oportuno para poder obtener los beneficios precisos para el ahorro de costes energéticos y de telecomunicaciones para gestionar soluciones de ahorro y beneficio concreto a través de proveedores seleccionados por la central.

En consecuencia, se estima procedente que el franquiciado proceda a la resolución del contrato y se niegue a seguir abonando los cánones mensuales.

Por el contrario, se considera que el franquiciado no tiene derecho a la devolución de las cantidades entregadas a la central como el canon de entrada. En efecto, el contrato prevé que “Con independencia de las causas que motiven la cancelación anticipada del contrato de franquicia, el Franquiciado no tendrá derecho a la devolución de las cantidades entregadas a la Central, como el canon de entrada.”

El que el franquiciado tenga derecho a una indemnización por incumplimiento no impide la aplicación en su totalidad de la cláusula anteriormente indicada, cláusula no cuestionada por ninguna de las partes. En efecto, se debe tener en cuenta la voluntad de ambas partes de excluir de la indemnización el canon de entrada abonado por el franquiciado a la firma del contrato con el fin de que se le entregue la documentación e información precisa para gestionar el servicio que constituía el objeto del contrato, con el que estuvo funcionando durante 10 meses aunque ciertamente sin los resultados positivos que se esperaba, lo que ha dado lugar a la resolución del contrato por incumplimiento de la franquiciadora.

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FACTURACIÓN MÍNIMA PARA DEVENGO DE ROYALTIES

FECHA: 29 DE JULIO DE 2016

TRIBUNAL: AUDIENCIA PROVINCIAL DE GUADALAJARA

SECTOR: HOSTELERÍA

Se estima que el franquiciado no ha alcanzado la facturación mínima prevista según contrato, por lo que no procede la reclamación por royalties de explotación y cánones de publicidad formulada por el franquiciador. La carga de probar el importe de la facturación corresponde al franquiciado, por ser él quien dispone de dicha información. Al tratarse de un autónomo, la facturación se estima en base a su declaración de IRPF.

El franquiciador reclama al franquiciado los royalties de explotación y los cánones de publicidad devengados durante un determinado periodo de tiempo, pretensión a la que se opone el franquiciado alegando que no está obligado al pago pues no se ha alcanzado el importe de facturación mensual previsto según contrato. Concretamente, el contrato dispone que “en el caso de que las facturaciones netas mensuales sean inferiores a 25.000 euros, no se paga el canon en concepto de royalty de explotación ni tampoco el canon de publicidad”.

El tribunal de primera instancia desestima la reclamación del franquiciador al considerar que no ha probado el importe de la facturación del franquiciado y ello, a pesar de disponer de la facturación de los propios productos que adquiría el demandado en base al pacto de exclusividad de suministro.

Sin embargo, la audiencia provincial entiende que el citado pacto es una causa de exoneración, por lo que el franquiciado, como obligado al pago, es el que debe probar el hecho extintivo de su obligación, a lo que se une que los justificantes acreditativos de la facturación neta mensual se encuentran en su poder y no del franquiciador. Subraya por otra parte que el importe de los productos que el franquiciado compra a la franquicia nada tiene que ver con la facturación neta del establecimiento.

A los efectos de determinar la facturación neta del franquiciado, se parte de la condición de autónomo del franquiciado, por lo que está obligado a incluir los rendimientos obtenidos en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Al resultar de dicha declaración un promedio inferior a 15.000 euros cada mes, unido a que el franquiciador, pese a realizar continuas visitas al local para comprobar su funcionamiento, no emitió en su momento ninguna factura de los cánones pactados, se entiende que concurre la causa de exención de la obligación de pago, desestimando la reclamación del franquiciador.

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El pagaré como garantía del contrato de franquicia

Uno de los objetivos básicos de cualquier franquiciador es asegurar el cumplimiento por el franquiciado de sus obligaciones de pago, incluidas eventuales indemnizaciones en caso de incumplimiento. ¿Cómo hacerlo?

Con carácter general, la fórmula más segura para garantizar las obligaciones de pago del franquiciado es la aportación por este de un aval bancario a primer requerimiento, cuya vigencia deber ser igual a la del propio contrato o bien por un periodo inferior, siempre que se renueve sucesivamente hasta cubrir la vigencia del contrato.

Ahora bien, el coste que supone el propio aval para el franquiciado y las exigencias cada vez mayores por parte de las entidades financieras, ha llevado a ciertas cadenas a plantearse otras fórmulas alternativas, como es el caso del pagaré.
Precisamente, la ejecución de un pagaré como garantía de un contrato de franquicia ha sido objeto de una reciente sentencia del Tribunal Supremo, con un resultado en este caso desfavorable para el franquiciador. Concretamente, se trata de un pagaré entregado por el franquiciado en garantía del pago del royalty sobre facturación y de determinados suministros del franquiciador y que el franquiciador presentó al cobro de manera abstracta, esto es, sin vincularlo a un incumplimiento previo del franquiciado.
El Tribunal Supremo ha estimado que la ausencia de causa impide la ejecución del pagaré, pues en el caso en cuestión no existen obligaciones de pago actuales ni futuras del franquiciado frente al franquiciador.

Las conclusiones que podemos extraer de esta sentencia son las siguientes:

  • El pagaré puede ser una garantía válida del contrato de franquicia, aunque es menos eficaz que el aval bancario.
  • Es preciso determinar con precisión cuáles son las obligaciones garantizadas.
  • Sólo el incumplimiento de las obligaciones garantizadas justifica la ejecución del pagaré.
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Know-how: no vale copia y pega

La Audiencia Provincial de Málaga ha estimado recientemente la demanda de un franquiciado por considerar que la información facilitada por el franquiciador no constituía un auténtico know-how.

En sus fundamentos de derecho, la Audiencia considera que la valoración del know-how es una cuestión sumamente técnica, que hace preciso acudir a los informes periciales obrantes en las actuaciones a fin de discernir si el franquiciador cumplió con su obligación de facilitar un «saber-hacer» real.

Por saber hacer se entiende el conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que es secreto, substancial e identificado.

En el caso en cuestión, el informe pericial aportado por el franquiciado concluye que la documentación analizada es totalmente accesible cualquier persona, incluso por Internet, además de constar en distintas publicaciones de entidades y fabricantes de material relacionado con el objeto de la franquicia. Concluye afirmando que los documentos analizados tienen un carácter publicitario y genérico donde se pretende dar una información de la Compañía tratando de atraer la inversión del franquiciado y actuando la empresa como intermediario o gestor.

Por su parte, el perito judicial concluye que el contenido de estos documentos no es un conocimiento propio de la empresa franquiciadora, sino que es de dominio público, pudiendo únicamente considerar como exclusivo el formato y la presentación del contenido.

Todo ello pone de manifiesto la importancia que tiene la correcta elaboración de los manuales de franquicia, que deben reflejar los conocimientos y la experiencia de la empresa franquiciadora para que aporten ventajas sustanciales al franquiciado y permita la correcta ejecución del contrato de franquicia.

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Llega la licencia express

El Consejo de ministros aprobará iniciativas de impulso y liberalización del comercio, entre las se encuentra la normativa que sustituirá al actual sistema de licencias municipales para abrir un pequeño comercio por otro denominado de «autolicencia exprés».

Se trata de un cambio completo de modelo que reducirá los plazos actuales, que oscilan entre los 6 y los 18 meses, para la obtención de licencia, que se sustituye por un sistema ‘a posteriori’, que requerirá un plan municipal de inspección, según avanzó recientemente el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

La pequeña empresa deberá firmar una comunicación declarando que cumple la normativa y acompañarla de un informe técnico expedido por un profesional acreditado. De este modo, podrá abrir al día siguiente de la presentación de la documentación y del pago de las correspondientes tasas, por lo que, en la Secretaría de Estado de Comercio prefieren denominarla de ‘autolicencia’ exprés.

El Ejecutivo prevé tener en marcha esta «licencia exprés» antes del verano. Según han señalado fuentes gubernamentales a Europa Press, la eliminación de las autorizaciones municipales previas a la apertura de un local cuenta con un «amplio consenso» del sector y las comunidades autónomas y responde al objetivo de crecimiento «puro y duro» y no de recorte para mantener la actividad y con ello la creación de empleo.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende simplificar el proceso burocrático para recuperar el tejido comercial y reactivar un sector que acumula una caída de ventas del 17,5% en los últimos cuatro años. Desde el año 2000, el comercio al por menor ha pasado de 617.000 a 606.000 establecimientos.

La nueva regulación será aplicable a las pymes, incluidas franquicias, con un local inferior a 300 metros cuadrados dedicado a la distribución alimentaria o a otras actividades especializadas como artículos de deporte, floristerías, equipamiento del hogar, droguerías, tintorerías o centros de estética, entre otros.